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El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que no retomará el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral, una iniciativa eliminada del currículo nacional en 2025. La decisión se mantiene firme pese a los reiterados llamados de la Defensoría de los Habitantes, que ha pedido su restitución como herramienta educativa fundamental para los adolescentes del país.
Nuevo enfoque: educación para la paz y la convivencia
En lugar del plan eliminado, el MEP ha introducido el Programa de Educación para la Paz y la Convivencia, el cual —según las autoridades— responde a las necesidades actuales del entorno escolar y fue construido con base en criterios técnicos, pedagógicos y con respeto pleno a los derechos humanos.
“El nuevo programa fue elaborado por expertos, dentro del marco legal vigente y respetando el derecho de los estudiantes a recibir una formación integral”, sostuvo el MEP en un comunicado reciente.
El Consejo Superior de Educación (CSE), como órgano rector del currículo, avaló el reemplazo bajo el argumento de fortalecer los valores tradicionales de la sociedad costarricense sin ceder ante “presiones externas o imposiciones ideológicas”.
Historia del programa eliminado
El Programa de Afectividad y Sexualidad Integral fue aprobado en 2012 bajo la gestión del entonces ministro Leonardo Garnier. Su aplicación inició formalmente en 2013 y se amplió en 2017 con una reforma que incluía componentes de identidad de género, diversidad sexual, consentimiento y respeto corporal.
A lo largo de los años, el programa fue defendido por diversos sectores como una herramienta clave en la prevención del embarazo adolescente, la violencia de género y la discriminación en entornos educativos. Sin embargo, también enfrentó oposición de grupos conservadores, quienes lo consideraban una amenaza a los valores familiares.
La eliminación definitiva fue impulsada por la ministra Anna Katharina Müller, y aprobada por mayoría en el Consejo Superior de Educación a inicios de 2025.
Argumentos del Gobierno: “No se vulneraron derechos”
El MEP subrayó que la Sala Constitucional ya se pronunció sobre la eliminación del programa anterior, descartando violaciones a derechos fundamentales. Además, insistió en que la creación del nuevo plan responde a un compromiso con la formación integral, basada en respeto mutuo, convivencia pacífica y dignidad humana.
Reacción de la Defensoría y otros sectores
La Defensoría de los Habitantes ha reiterado su preocupación por la salida del programa anterior, alegando que su eliminación debilita la educación en derechos sexuales y reproductivos, especialmente en contextos de vulnerabilidad social.
Para la Defensoría, el acceso a este tipo de contenidos forma parte del derecho a una educación inclusiva, científica y libre de prejuicios. No obstante, el Gobierno ha rechazado estos argumentos, asegurando que ningún órgano externo puede imponer contenidos al currículo nacional.
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